Marco teórico del proyecto

La discapacidad mental, según nuestra experiencia, no constituye una entidad homogénea. Las regularidades y las constantes que suelen caracterizar sus diversas definiciones parecen derivarse menos del modo en que dicho cuadro se plasma en los procesos de estructuración subjetiva[1] de la persona que la presenta que de los efectos de tipificación (que le son exteriores y que se corresponden con distintos momentos en la producción de conocimientos sobre este tema) insertos en los sucesivos modos de conceptualización y de intervención implementados desde su construcción en tanto categoría susceptible de tratamiento teórico y técnico. Discapacidad mental es, de este modo, el término que designa una modalidad de intervención sobre lo social, y es también la categoría teórica que, operando en un sentido homogeneizante y totalizante, desdibuja la singularidad de la persona con retraso mental, su subjetividad, su historia y su posición respecto de su problemática.

La especificidad de dicha categoría deberá situarse, entonces, alrededor de la revisión y problematización de su condición de constructo social, ya que las diferentes definiciones acerca de la discapacidad mental -así como de las técnicas indicadas para su intervención- son efecto de una procesualidad que debe ser contemplada críticamente y deconstruida en forma sistemática[2]. Esto no significa, desde luego, descalificar el papel que eventualmente pueden jugar factores de orden orgánico en la causación del retraso mental; lo que aquí se cuestiona es la adhesión incondicional a la atribución de un carácter determinante a dichos factores. 

En tal sentido, nuestro enfoque se asienta en una mirada no psicopatologizante que, evitando rotular desde un síndrome, implica una toma de distancia respecto del recurso a tratamientos estandarizados y a técnicas preestablecidas cuya rigidez puede y suele suscitar efectos más limitantes que los derivados del déficit orgánico. Será preciso trascender, pues, la estrechez de aquellas concepciones que sitúan a la discapacidad mental en términos de una configuración estructural que impone limitaciones (sea en el plano del aprendizaje, la inteligencia, la sensorialidad, el lenguaje, la vincularidad, etc.) a la constitución de la subjetividad y, desde allí, a la posibilidad de inserción social, dado que las mismas desconocen, según nuestra perspectiva, el hecho de versar sobre una categoría atravesada por una serie de significaciones y definiciones enlazadas con mecanismos de medicalización, institucionalización, exclusión y segregación; efectos sin cuyo previo desmontaje ningún programa terapéutico podría prevenir tanto su continuidad como su reproducción. 

Nuestra propuesta se orienta, de este modo, a considerar la discapacidad mental como una categoría amplia, heterogénea y diversificada sobre la cual convergen diferentes planos de determinación: 

1.    discapacidad como significante -limitante- de la tipificación del retardo mental, cuyos efectos atraviesan tanto la posición subjetiva como el formato institucional que se recorta como ámbito asistencial específico para su intervención;

2.    la discapacidad como efecto derivado de condiciones de legitimación y de intervención social, política y jurídica, a partir de las cuales la institucionalización se plasma como mecanismo de gestión de la problemática social;

3.  la discapacidad como marca devenida en el proceso de estructuración de la subjetividad, cuyos determinantes establecen modalidades diferenciadas de procesamiento simbólico, circulación discursiva, lazos intersubjetivos y ubicación social. 

Estas vías confluyentes de configuración de la problemática de la discapacidad mental delimitan, correlativamente, niveles específicos de intervención y tratamiento. De este modo, el espacio institucional aparece no sólo como posibilitador del despliegue de una propuesta asistencial y terapéutica, sino también como soporte privilegiado de un conjunto de prácticas profesionales y técnicas tributarias de una concepción no lineal del sujeto y de una mirada crítica respecto de la categoría cristalizada de la discapacidad mental como entidad sustancial y dotada de poder explicativo respecto de sus múltiples manifestaciones.

La estrategia de intervención institucional

Como señaláramos más arriba, nuestro proyecto se orienta a desarrollar un programa preventivo, asistencial y terapéutico dirigido a la atención de personas con discapacidad mental en grado moderado o severo, o bien que se encuentren en condiciones funcionales discapacitantes. Para llevar a cabo dicho objetivo, cobrará singular trascendencia el proceso de continua articulación entre las estrategias específicas de abordaje y el trabajo de teorización respecto de la categoría definida como discapacidad mental, ya que sólo a partir de dicha adecuación se podrá derivar la necesaria consistencia entre objetivos y metodologías dentro del esquema institucional. Es por ello que el diseño de intervención institucional supone ya una instancia de elucidación y reflexión respecto de los diferentes enfoques que han guiado la atención y tratamiento de personas con discapacidad mental, algunas de cuyas propuestas aparecen aquí recuperadas e inscriptas dentro de una estrategia de abordaje interdiscursivo.

Así, los aspectos preventivos de este programa estarán dados por la implementación de un conjunto de prácticas y actividades grupales dentro del ámbito institucional que, en tanto posibilitadoras de la expansión y enriquecimiento del campo experiencial y vivencial de cada paciente, permitirán evitar los efectos deteriorantes que la falta de estimulación y contacto interpersonal pueden producir. Este es el punto de arribo de algunos de los enfoques que han prevalecido en la atención de personas con discapacidad mental, los cuales han privilegiado el efecto de contención y estabilización que la participación en espacios y actividades grupales puede suscitar[3]. No obstante, se trata de un modelo de intervención en el cual la integración (concebida en términos adaptativos) al interior de la institución se consolida a expensas de la exclusión respecto de los escenarios sociales; por tanto, sostenemos que la consecución de este objetivo sólo tiene validez en cuanto instanciación particular de un proceso dinámico más amplio, en el cual sean incorporadas otras dimensiones de intervención y abordaje.

Por su parte, los aspectos asistenciales del programa se derivarán del dispositivo de atención interdisciplinario que, a través de las diferentes estrategias especializadas de intervención, se orienta a operar efectos rehabilitatorios en la situación de cada concurrente y, por añadidura, en su red de interrelaciones. Este ha sido, a su tiempo, el objetivo priorizado por otra vertiente del trabajo institucional, según la cual la especialización técnica y profesional del equipo de atención posibilitaría el acceso de cada paciente a determinados logros prefijados con anterioridad (sean éstos situados en el plano psicoterapéutico, en la esfera educativa o en el terreno ocupacional). Este enfoque, sin embargo, presenta una serie de puntos críticos que merecen ser destacados: en primer lugar, su dificultad para trasladar las adquisiciones hacia otras esferas de la vida social (laboral, familiar, comunitaria); en segundo término, los obstáculos que se presentan para establecer los criterios de la finalización del tratamiento o del abordaje, dado que las diferentes técnicas de atención se desarrollan según ritmos que les son propios y, por tanto, evolucionan asimétricamente; por último, y estrechamente ligado con el anterior, la complejidad que muestra la búsqueda de una convergencia de las prácticas profesionales, dado que es inherente a este modelo de trabajo la tendencia a fragmentar a la persona con discapacidad en “partes” que resultarían patrimonio exclusivo de cada especialidad. Las limitaciones de este enfoque nos impulsan, pues, a avanzar otro paso en la configuración del dispositivo institucional, de modo tal de articular los alcances terapéuticos de la intervención en términos extrainstitucionales.

Los aspectos terapéuticos del programa, por tanto, estarán dados por la inscripción de los diferentes logros y adquisiciones producidos por cada concurrente a lo largo de su tratamiento dentro de un proyecto de vida propio y singular, de modo tal que dicho proceso involucre una ubicación activa del sujeto respecto de su relación con los otros, su futuro y su inserción en el plano social. Objetivo que, si bien aparece explícitamente animando una serie de políticas legislativas y de estrategias comunitarias, sólo puede ser viable en la medida en que sea precedido por la configuración de un conjunto de condiciones estructurales que promuevan y reconozcan en cada paciente la dimensión de agenciamiento[4] de su propia conducta.

Por lo tanto, pensamos que no es ya la regularidad en cuanto a rasgos y síndromes, sino la singularidad de cada sujeto y su irrepetible trayecto vivencial los que deberán situarse como planos privilegiados de abordaje, de modo tal de establecer el mayor grado de consistencia entre aquello que constituye las necesidades, intereses, anhelos y potencialidades del paciente y el programa de prácticas y actividades que desplegará en su experiencia institucional. De esta forma, adquiere preeminencia la configuración de un diagnóstico situacional de la persona con discapacidad, con las particularidades que para cada uno suponen su contexto social y familiar, su posición y la de sus otros significativos respecto de su problemática, su estructuración subjetiva y sus modalidades vinculares, sus expectativas y necesidades de tratamiento, y las motivaciones e intereses a partir de los cuales nuevas adquisiciones sean posibles. Este enfoque se dirige, entonces, a promover un espacio de intervención terapéutica, no en base a una programación de prácticas y actividades compulsivas, sino a partir de los indicadores que se desprenden de la situación de cada concurrente, e incorporando todos los vectores extrainstitucionales disponibles (familia, recursos comunitarios, espacios colectivos) a fin de generar un marco amplio que concentre las condiciones más propicias para el desarrollo del tratamiento.

Si, tal como planteamos, la necesidad de priorizar la singularidad de cada paciente constituye una condición ineludible para su inclusión en un programa terapéutico como el propuesto (en la medida en que éste se articula con la particular configuración que el sujeto construye respecto de su problemática), la participación de la familia en dicho programa asume, desde luego, un lugar de central relevancia. En efecto, la posición que el paciente ocupe dentro de la dinámica familiar, el estatuto otorgado a la problemática del sujeto y la trama argumental que sobre ella se construye, la función productora y reproductora de sentidos y significaciones cruciales para la constitución y afirmación de la identidad del sujeto, y el grado de generalización y expansión de la problemática de la discapacidad como síntoma que atraviesa el marco familiar, constituyen algunos de los factores por los cuales consideramos que el posicionamiento de la familia del concurrente debe ser protagónico durante el transcurso del tratamiento.

Nuestra posición ante la discapacidad mental supone, de este modo, implementar una estrategia institucional que atraviese los sucesivos niveles de articulación mencionados (un marco terapéutico, asistencial y recreacional desde un enfoque interdisciplinario, un programa de tratamiento y seguimiento singularizado, condiciones de inclusión y participación del núcleo familiar del concurrente en su abordaje, espacios de inserción social y participación comunitaria), de forma tal de propiciar mediante este movimiento transversal la potenciación de las posibilidades operativas, expresivas, de aprendizaje, recreativas y comunicativas inherentes a cada sujeto.

Buenos Aires, enero de 2010.-


[1] Retomarnos aquí los aportes de M. Mannoni, cuya obra ha sistematizado una crítica decisiva tanto hacia la arbitrariedad de los criterios de clasificación de la discapacidad mental, como respecto de los efectos desubjetivantes suscitados por dicha clasificación. Véase, fundamentalmente, su libro El Niño Retardado y Su Madre (Ed. Paidós, Buenos Aires, 1992).

[2] Entendiendo que el concepto de deconstrucción (sustentado por Lyotard y por otros referentes teóricos del pensamiento post-modernista) asume aquí la función de un operador epistemológico, condición de una aproximación crítica hacia la herencia intelectual legada por el ideal de racionalidad propio de la modernidad.

[3] El concepto de “instituterapia” aparece recurrentemente brindando respaldo a este enfoque ambientalista; según esta perspectiva, la mera participación dentro de un ámbito institucionalizado ya suscitaría efectos promotores de la salud para el paciente. La institución así definida estaría conformada por un conjunto de características organizativas, funcionales y vinculares que, siendo situadas per se como fundamento constitutivo y excluyente del accionar terapéutico, no requerirían entonces el aporte de ninguna instancia complementaria de elucidación o autocrítica para la definición, consecución y revisión de los objetivos trazados.

[4] Carácter agencial de la conducta humana que, al tiempo que reivindica la productividad inherente a la estructura de la psique, vehiculiza una concepción activa del sujeto en radical oposición respecto de las posiciones (tales como la de beneficiario o receptor de políticas sociales) que lo designan en tanto producto objetivable de la estructura social. Tal como aparece expuesto y desarrollado por C. Castoriadis, este plano de agenciamiento involucra una dimensión irreductible de potencialidad creadora y autotransformadora. Véase, sobre todo, su ensayo El Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación (Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1998).